4 de agosto, Día del Periodista y Comunicador en Colombia Ley 1016 de 2006
Las sistemáticas amenazas y la reaparición de los secuestros contra periodistas, muestran la tendencia de los grupos armados a vincular a los comunicadores al conflicto armado interno. Tres homicidos, 2 secuestros y 64 agresiones, reseñan panorama oscuro para la prensa en 2012.
En el informe sobre la situación de Derechos Humanos en el ejercicio periodístico en Colombia, elaborado por la Federación Colombiana de Periodistas, se estableció que se incrementó el número de homicidios, la persistencia de los grupos al margen de la ley, seguidos de la Fuerza Pública como principales agresores contra periodistas, la reaparición del secuestro por parte de la guerrilla y la vulnerabilidad de las emisoras comunitarias, marcaron la atmósfera de agresiones a la libertad de prensa durante el primer semestre de 2012 en el país.
Agresiones
Comparado con el mismo periodo del año anterior, en el primer semestre de esta vigencia se presentó una disminución del 44% en las agresiones a la prensa, al pasar de 114 casos documentados en 2011 a 64 casos en 2012, reducción que si bien puede parecer alentadora también es cierto que puede obedecer a que en este lapso de tiempo no se realizaron elecciones, procesos que siempre ha sido un factor que incrementa los ataques contra periodistas.
Homicidio
Durante el primer semestre de 2012 la violencia también se ensañó con los medios de comunicación comunitarios en el país, al registrarse el asesinato de tres (3) comunicadores. En otro ámbito, se registró la tentativa de homicidio contra un periodista.
Argemiro Cárdenas Agudelo, miembro del Comité Consultivo de Radio Comunitaria del Ministerio TIC, Director de la Red Radial Cafetera, y director de la Emisora Comunitaria Metro Radio 92.1 F.M de Dosquebras, Risaralda, fue asesinado el 15 de marzo. Cárdenas participaba en el noticiero matinal, transmitiendo denuncias de las comunidades, requiriendo al sector político del municipio de Dosquebradas (Risaralda) para que diera soluciones. El periodista y líder político fue asesinado, por dos hombres que le propinaron cuatro disparos con arma de fuego.
En el departamento del Atlántico, el periodista Jesús Martínez, vinculado al noticiero La Verdad, de la emisora comunitaria La Nueva, fue asesinado el 29 de marzo. No se conocían amenazas en contra del comunicador, quien cubría temas culturales.
El tercer homicidio registrado durante este semestre, es el del comunicador Yamit Bailarin Suescún, indígena Embera perteneciente al resguardo Jaikerazabi del municipio de Mutatá, encontrado muerto el domingo 27 de mayo en los bajos de uno de los edificios de la Ciudadela Nuevo Occidente, en la ciudad de Medellín. Este joven indígena se venía desempeñando como coordinador del colectivo de comunicaciones en el resguardo Jaikerazabi, y se encontraba en la ciudad realizando estudios en comunicación.
Las tres víctimas de homicidio registradas en este periodo corresponden a periodistas que ejercían su oficio por fuera de los medios comerciales, fortaleciendo los procesos de comunicación de las comunidades a través de emisoras comunitarias o de iniciativas culturales.
Por otra parte, el 15 de mayo, Fernando Londoño, director del noticiero “La Hora de la verdad” y ex ministro del gobierno de Álvaro Uribe, fue víctima de un atentado en la ciudad de Bogotá. Según fuentes oficiales, la autoría de este atentado corresponde a la guerrilla de las Farc.
Secuestro
Las privaciones de la libertad por parte de grupos guerrilleros también estuvieron entre las conductas hostiles contra periodistas para tratar de silenciar la prensa, durante este semestre.
El 28 de abril, mientras cubría un operativo militar, el periodista francés Romeo Langlois fue secuestrado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc. Su retención, según el grupo armado ilegal, obedeció al uso por parte de Langlois de prendas militares. Durante más de un mes el periodista estuvo en poder de las Farc, quienes lo liberaron ante una comisión humanitaria.
Posteriormente, el 24 de julio, la periodista Élida Parra Alfonso fue secuestrada por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional – ELN en el municipio de Saravena (Arauca). El secuestro fue reconocido por el grupo insurgente a través de un comunicado del 30 de julio, atribuyéndolo al trabajo desarrollado por la comunicadora en el Oleoducto Bicentenario. Sin embargo, la periodista también conduce un programa radial en una emisora local, donde promueve la defensa de los derechos de la infancia. Al momento de elaborarse este informe, la periodista no ha recuperado su libertad. La Federación Colombiana de Periodistas difunde mensajes para exigir su liberación.
Amenazas
De las doce (14) amenazas registradas, siete (7) están directamente relacionadas con el conflicto armado interno. Tres (3) tienen origen en las acciones de los grupos paramilitares, dos (2) provienen de la Fuerza Pública, dos (2) son atribuidas a la guerrilla de las Farc. Finalmente, otras siete (7) con procedencia desconocida pero originada en el cubrimiento de hechos de orden público.
El 13 de julio, el periodista Paul Bacares, del canal público de Bogotá Canal Capital, recibió amenazas hechas por teléfono. La grabación, que dura tres minutos, reproduce los sonidos de ametralladoras con un fondo musical. Esta "advertencia" se presenta justo cuando el periodista está a punto de completar un reportaje sobre el paramilitarismo y también la capacidad de infiltración de estos grupos armados dentro de la economía legal y sus vínculos con los grupos políticos locales u otras figuras públicas.
El 9 de abril un sujeto que se identificó como guerrillero de las Farc llamó al periodista Jesús Antonio Pareja, locutor de la emisora comunitaria “La Voz de la Tierra”, amenazándolo y declarándolo objetivo militar por transmitir publicidad del Ejército.
Ataques contra instalaciones de emisoras
Por otra parte, las radios comunitarias indígenas del Cauca “Voces de Nuestra Tierra” en Jambaló y “Nasa Estéreo” de Toribío; Emisora Oriente Estéreo en Cali, Valle y Emisora Nueva Era en Algerciras, Huila fueron víctimas de ataques contra instalaciones.
La antena de “Voces de Nuestra Tierra” fue destruida la noche del 3 de Julio de 2012 y la “Nasa Estéreo” decidió parar de emitir su programación debido a los constantes combates entre el Ejército y guerrilla cerca de su sede.
La emisora comunitaria Oriente Estéreo en Cali, Valle, fue destruida por un grupo de jóvenes que inicialmente tuvieron enfrentamientos con la Policía. Las directivas de la emisora decidieron suspender la programación y cerrar el medio de comunicación.
Regiones
Según el estudio, los departamentos más peligrosos para el ejercicio del periodismo fueron Cundinamarca 20%, Atlántico 13%, Antioquia 10%, Tolima 10% y Arauca 7%.
Agresores
Durante el primer semestre del 2012 los principales agresores de periodistas son los grupos guerrilleros responsables del 17.6% de las agresiones a la libertad, seguido por la Fuerza Pública con el 14.7% de los ataques contra periodistas y en este análisis, los grupos paramilitares/Bacrim, pasaron del primer lugar durante el 2011, al cuarto lugar en el primer semestre de 2012, siendo responsables del 11.8% de las agresiones.
Entre tanto, en el 35.6% de los casos los responsables aún no han sido identificados plenamente, pero, excepto en una, las demás denuncias hacen referencia a comportamientos irregulares de la Fuerza Pública o de autoridades administrativas.
Operativos legales que concluyen con agresiones a periodistas
Las amenazas contra periodistas que cubren operativos legales o informan sobre conductas irregulares de la Fuerza Pública, reflejan el alto grado de intolerancia de los uniformados frente a la labor periodística, a la vez que refuerzan el crucial papel de los comunicadores en la denuncia por violaciones a los Derechos Humanos.
En el departamento del Huila, Bladimir Sánchez y su camarógrafo, han sido víctimas de amenazas luego de la publicación de un video sobre los abusos de la Policía Nacional contra campesinos que se oponen a la construcción de una represa en el centro del departamento del Huila.
Por otra parte, cinco periodistas del departamento del Meta fueron víctimas de amenazas, agresiones, restricciones a la libertad de informar y al acceso a la información pública por parte de la Policía, durante el cubrimiento de un desalojo de las familias en un predio de la capital de ese departamento. Los insultos, especialmente del oficial al mando del operativo, fueron seguidos de agresiones físicas, especialmente de golpes a un reportero gráfico.
En Barranquilla, fue detenido por la policía el periodista Ronald Avellaneda, de noticias judicialeswww.zonacero.info, mientras entrevistaba a la víctima de un hurto. Varios ciudadanos fueron testigos de la detención y agresiones físicas contra el periodista.
En el suroccidental departamento de Nariño, el camarógrafo del equipo periodístico de Noticias Caracol recibió amenazas, luego de que este medio publicara un video, suministrado por una fuente que se mantiene en reserva, en el que se muestra cómo integrantes de la Fuerza Pública usaron descargas eléctricas contra un ciudadano señalado de transportar arroz de contrabando.
Generalmente la Fuerza Pública se limita a pedir excusas, pero no se adelantan investigaciones disciplinarias porque los periodistas no denuncian por temor a futuros hostigamientos en su labor.
Censura indirecta
Las condiciones laborales para el ejercicio del periodismo en Colombia y las aparentes presiones externas para el cierre de medios de comunicación, significó el final de dos programas, uno radial en el departamento del Meta y otro televisivo en Quindío. Los programas se caracterizaban por su estilo crítico, especialmente frente a la administración pública. Las directivas de la emisora y del canal de televisión, decidieron terminar los programas.
Acoso judicial
La ratificación de la condena contra el periodista Luis Agustín González marca un preocupante precedente judicial en contra de la libertad de expresión. González, fue condenado penalmente por expresar su opinión sobre las aspiraciones políticas de la exgobernadora del departamento de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo.
En riesgo la protección a la libertad de expresión en el Sistema Interamericano de DD HH
Lamentablemente en este momento el Sistema Interamericano de Protección a la Libertad de Expresión, encarnado en la Relatoría Especial, está en riesgo debido a una propuesta de reforma que conllevaría al debilitamiento financiero y político de este órgano de la OEA.
El papel de la Relatoría en la protección de periodistas en Colombia ha sido crucial, así como la importante labor de denuncia frente a las violaciones contra sus derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH tiene asignadas medidas cautelares a periodistas colombianos, con las cuales se protege la vida de los comunicadores ante su situación inminente de riesgo por el ejercicio profesional.
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La Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, agrupa a más de 1200 comunicadores, en 29 organizaciones regionales, de 21 departamentos del país. Es afiliada a la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC, y a la Federación Internacional de Periodistas, FIP, organización internacional que agrupa a 127 sindicatos y asociaciones de comunicadores en todo el mundo, con 600.000 periodistas afiliados.
ADRIANA HURTADO
Presidenta FECOLPER
Federación Colombiana de Periodistas
Twitter: @adrianahurtado / @fecolper
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